En los últimos años, las calles en Puebla se han llenado de “Se busca”, entre 2018 (año en que entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada) y 2020 se registraron en Puebla 2 mil 788 personas desaparecidas, no localizadas y localizada , según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Para visibilizar esta problemática a nivel mundial cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Desaparecidos con el objetivo de analizar si el problema se ha agravado, mejorado o sigue en las mismas circunstancias, así como proponer soluciones y aunar esfuerzos con los gobiernos de los países donde este tipo de situaciones se presenta periódicamente.
Tan solo en Puebla, del grupo de personas señalado, 647 de ellas están desaparecidos, de las cuales 245 (37.87 por ciento) son mujeres y 402 (62.13 por ciento) hombres; mientras que el número de personas no localizadas es de 44; 16 (36.36 por ciento) féminas y 27 (61.36 por ciento) varones, de acuerdo con la consulta realizada a la versión pública del Registro Nacional.
En lo que respeta a las personas localizadas, el registro es de 2 mil 97 seres; mil 205 (57.46 por ciento) mujeres y 892 (42.54 por ciento) hombres. Los hallazgos con vida fueron de mil 960, en donde mil 188 (60.61 por ciento) correspondieron a mujeres y 772 (39.39 por ciento) a hombres.
Mientras que los hallazgos sin vida en el periodo de tiempo referido, es de 137; 17 (12.4 por ciento) féminas y 120 (87.5 por ciento) varones.
Entre los 120 hombres hallados sin vida se encuentra José Vázquez, quien se dedicaba a la labor del campo en Ciudad Serdán, y fue desaparecido en septiembre del 2018, poco tiempo después, su familia se enteró que fue víctima del delito de secuestro.
“José desapareció en 2018, vivimos en incertidumbre todo el tiempo que no supimos de él, no sabíamos qué hacer oa dónde dirigirnos, pero pasaron algunos días y su esposa consiguió una llamada en donde dijeron que lo estaban secuestrado, la angustia agregado, teníamos más miedo, los secuestradores nos decían que no dijéramos nada y pagáramos el rescate y así lo hicimos, mi cuñada les dio el dinero, pero no nos regresaron a mi hermano ”, recordó Sara, su hermana.
Entre la desesperación y el miedo que vivía Sara y su familia en aquel año, contó que tuvo que viajar a la capital poblana para realizar los trámites correspondientes en la Fiscalía General del Estado (FGE) y dar con el paradero de su hermano,
“No nos quedamos con los brazos cruzados, ocho días después de que se pagó el rescate viajamos a Puebla para levantar el acta, no lo hicimos en Teziutlán, decían que policías estaban involucrados en el secuestro de mi hermano; ahí (en la capital) se lograron identificar las llamadas realizadas desde el celular de mi hermano, que llevaron a la detención de algunos culpables ”.
Sin embargo, el tiempo pasaba y no había respuestas para el caso de José, pero sí malos tratos por parte de funcionaros public. “Yo sólo veía como mi familia se consumía, mis papás cada vez estaban peor, teníamos que viajar a Puebla para presionar a las autoridades y que nos dijeran algo, pero no nos daban la atención y cuando nos la daban era bajo malos tratos”.
OBSTÁCULOS EN LA BÚSQUEDA
Aunque los datos de personas localizadas parecieran alentadores, la realidad es que la incertidumbre jurídica , la falta de empatía por parte de servidores públicos y la revictimización social, son algunos de los factores que acompañan a las familias de personas desaparecidas en su lucha por reencontrarse con sus seres víctimas de la desaparición.
A decir de Daniela Jiménez Cortés, abogada con perspectiva en derechos humanos, son las familias quienes emprenden las movilizaciones para resolver el acertijo sobre el paradero de su familiar. “Nadie conoce la victimización que se viven todos los días sólo las propias familias”.
“Existe una insensibilidad por parte del ministerio público, de ahí que no se les da movilización a las investigaciones, son las familias quienes tienen que hostigar para que se logre, que al final es obligación de los agentes (…) que realizan actos de investigación no son los policías, sino que lo terminan haciendo las propias familias ”.
Los días de búsqueda para la familia de José nunca se detuvieron; los viajes a Ciudad de México para pedir ayuda al presidente López Obrador rindieron frutos, tres meses después de la denuncia y 10 días posteriores de entregar un pliego petitorio al jefe del Ejecutivo federal, Sara tuvo una respuesta… a medias.
“Nos seguían encontrando tratando como chancla en la Fiscalía, pero hubo avance, checaron cuerpos por siban a mi hermano, pero no (…) después, por medio de fotos yo me di cuenta que la imagen de ropa encontrada en una fosa en noviembre de ese año, coincidía con la que mi hermano llevaba puesta aquel día les dije, pero no me hicieron caso, dijeron que faltan pruebas de sangre, les dije que yo me movilizaba para hacerlas, pero sólo daban pretextos para no hacerlo, no sé que escondían ”.
Aunque la mujer estaba segura el cuerpo de su hermano ya había aparecido, las autoridades le negaban respuesta; la búsqueda se postergó cinco meses más. La información a los medios continuaba, pero la necesidad de conocer la realidad de la situación hacía que la mujer no dejara de moverse y contactara a más personas que le ayudaran a tener resultados.
